Pierre Andrés Luna, magister especializado en Política Social, Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana.
Abelardo de la Espriella, quien según el preconteo de la Registraduría, asumirá la presidencia de Colombia en agosto de 2026, enfrentará desafíos estructurales en materia fiscal, social, educativa, sanitaria, laboral, energética, de seguridad y de inserción internacional, entre otros temas sectoriales que se muestran poco alentadores dada la atmósfera política de revuelta y amenazante que se respira por estos días.
Si bien la administración 2022-2026 reportó avances en cobertura social, recaudo tributario, transición energética y ejecución de programas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Colombia, potencia mundial de la vida, los informes oficiales muestran que persisten limitaciones asociadas a la sostenibilidad fiscal, la productividad económica, la calidad de los servicios públicos y la seguridad territorial, temas estos que podrían considerarse parte de una columna vertebral de la estabilidad país.
En este contexto, y tomando como punto de partida los principales resultados reportados por entidades del Gobierno Nacional, planteamos una reflexión, más que un análisis, con la intención de evidenciar los retos que heredará la próxima administración.
El período presidencial próximo a finalizar, cuyo propósito superior consistió en promover transformaciones económicas, sociales y ambientales de largo plazo, presenta indicadores de avance, según los balances de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP); sin embargo, la complejidad de los problemas estructurales del país exigen una evaluación integral de los desafíos pendientes y las promesas que se consolidaron como eso, promesas, que, además, se vieron mediadas por los escándalos de corrupción y las ausencia de transparencia, además de factores como la deshumanización en las formas y malos tratos a los funcionarios de carrera, cuyos únicos pecados han sido pensar diferente o venir de gobiernos precedentes. Esto, en un entorno que había prometido inclusión y diversidad basadas en el respeto y la dignidad humana.
Desafíos políticos e institucionales
Uno de los principales retos del próximo gobierno será fortalecer la gobernabilidad democrática. Durante el período 2022-2026 varias reformas estructurales —salud, trabajo, pensiones y financiamiento— enfrentaron dificultades de concertación política. La fragmentación partidista y la polarización ideológica redujeron la capacidad de construcción de consensos estables. El desafío central consistirá en consolidar acuerdos entre Gobierno, Congreso, entidades territoriales, sector privado y organizaciones sociales en aras de garantizar continuidad institucional y estabilidad regulatoria, factores esenciales para la inversión y el crecimiento económico.
Economía y sostenibilidad fiscal
La situación fiscal constituye, posiblemente, el principal reto para la administración entrante. De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el recaudo tributario bruto de 2025 alcanzó aproximadamente $296 billones, cifra histórica para el país, aunque inferior a la meta oficial de $305,4 billones. La diferencia, cercana a $9,4 billones, evidenció las dificultades de recaudo en un contexto de menor crecimiento económico y desaceleración de la actividad productiva.
Asimismo, la DIAN informó que los tributos asociados a la actividad económica interna aportaron alrededor de $245,5 billones y las operaciones de comercio exterior, cerca de $50,5 billones. Adicionalmente, los informes de gestión de la entidad muestran resultados relevantes en fiscalización y control tributario. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se recuperaron aproximadamente $18,7 billones mediante acciones de cobro y $14,4 billones mediante programas de cumplimiento voluntario y declaraciones sugeridas.
A pesar de estos avances, organismos técnicos han advertido sobre presiones crecientes sobre la regla fiscal y el endeudamiento público. En consecuencia, el gobierno del siguiente cuatrienio deberá equilibrar crecimiento económico, disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda pública.
Trabajo, pobreza y desarrollo social
El Ministerio del Trabajo y el DNP reportaron avances en programas de empleo, formalización y protección social. Sin embargo, la informalidad laboral continúa representando uno de los mayores obstáculos estructurales del país. La persistencia de altos niveles de empleo informal limita la productividad, reduce el recaudo tributario y dificulta la financiación de los sistemas de salud y pensiones. Asimismo, aunque la pobreza monetaria disminuyó frente a los niveles observados durante la pandemia, las brechas territoriales continúan siendo significativas. El próximo gobierno deberá priorizar políticas de generación de empleo formal, fortalecimiento empresarial y desarrollo regional para reducir las desigualdades socioeconómicas.
Salud: cobertura versus sostenibilidad financiera
En salud, el principal logro reportado por el Ministerio de Salud fue el mantenimiento de una cobertura de aseguramiento superior al 98 % de la población, con más de 50 millones de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. No obstante, el sector enfrenta crecientes tensiones financieras. El incremento de costos asociados al envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y las tecnologías médicas ha aumentado la presión sobre el presupuesto público. Paralelamente, los debates sobre la reforma al sistema de salud evidenciaron diferencias respecto al modelo de aseguramiento y financiación, no se discute el propósito ulterior, sí, y resaltando su capital importancia, la forma de implementación de los ajustes y cambios, en la cual el centro del ejercicio no fueron los pacientes sino el funcionamiento del sistema. Por tanto, el reto para el próximo gobierno será garantizar, simultáneamente, cobertura universal, calidad en la atención, sostenibilidad financiera y fortalecimiento de la atención primaria en salud, sin perder el norte de la prestación del servicio… el paciente siempre como prioridad, sus expectativas, prioridades y la atención cuidadosa de sus necesidades.
Sistema pensional
La implementación de la reforma pensional aprobada durante el actual gobierno constituirá uno de los mayores desafíos administrativos y financieros del próximo cuatrienio. La ampliación de mecanismos de protección para adultos mayores vulnerables representa un avance en términos de equidad social; sin embargo, también implica mayores compromisos presupuestales a largo plazo. El envejecimiento demográfico incrementará progresivamente la presión sobre el sistema, lo que se explica fácilmente al comprender que la pirámide poblacional ya no se soporta sobre una base amplia y productiva, sino que por el contrario cada vez existen menos aportantes, variable directamente asociada a la sostenibilidad del sistema. La administración entrante deberá garantizar que la ampliación de cobertura no comprometa la sostenibilidad financiera futura ni incremente excesivamente las obligaciones fiscales del Estado.
Educación y capital humano
Sobre el sector educativo, el actual gobierno presentó informes mostrado avances, particularmente resaltando la consolidación de la política de gratuidad en la educación superior pública. Para 2025 el presupuesto del sector educación alcanzó aproximadamente $79,2 billones, el más alto registrado históricamente, hecho innegable. Sin embargo, diversos análisis presupuestales muestran que cerca del 90% de estos recursos se destinaron a funcionamiento, mientras una proporción relativamente menor se orientó a inversión en calidad educativa, infraestructura, innovación y fortalecimiento institucional, es decir, se amplió el soporte burocrático más no necesariamente el mejoramiento del sector y en menor medida el acceso real a nuevos estudiantes.
Persisten, además, desafíos relacionados con la calidad en la educación básica y media, la cobertura rural, la permanencia estudiantil, la formación docente, el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, y la internacionalización de la educación superior. La competitividad futura del país dependerá en gran medida de la capacidad de transformar el sistema educativo en un motor efectivo de productividad y desarrollo tecnológico, entendiendo que el avance curricular debe traslapar los modelos estáticos, jerárquicos, unidireccionales y rígidos, para pasar a formar de manera integral al estudiante/aprendiz, en una suerte de modelo que avance hacia las competencias, habilidades y sobre todo atado a las necesidades actuales de las organizaciones.
Agricultura y desarrollo rural
El Ministerio de Agricultura reportó avances en programas de acceso a tierras, apoyo a pequeños productores y fortalecimiento de economías campesinas. No obstante, los problemas históricos de productividad agropecuaria continúan limitando el potencial del sector. La baja tecnificación, los costos logísticos elevados, la limitada infraestructura rural, la falta de articulación efectiva entre los diferentes niveles de la administración pública (centro – nivel departamental – municipio y medianos/pequeños productores) y los problemas de seguridad en algunas regiones reducen la competitividad agrícola, sumado esto a la ausencia de políticas sectoriales específicas, a la baja efectividad de las cadenas de producción y distribución, basada en la necesidad de contar con intermediación, que es donde realmente se encarecen los precios de venta al consumidor final, y a la vez se reducen los ingresos de los productores. El gobierno venidero deberá consolidar políticas que incrementen la productividad rural y fortalezcan la seguridad alimentaria nacional.
Energía y transición energética
Uno de los ejes estratégicos del gobierno saliente fue la transición energética. El Ministerio de Minas y Energía impulsó programas de energías renovables, comunidades energéticas y diversificación de la matriz energética. Lo que, mencionado por los expertos y las diferentes asociaciones y agremiaciones sectoriales, como la Asociación Colombiana de Minería – ACM, produjo la ralentización del sector, al generar temor e incertidumbre, además de frenar el crecimiento del sector desconociendo los esfuerzos -con éxitos comprobables- por asegurar la sostenibilidad en la exploración y explotación de recursos atados a las altas tasas de cuidado, retorno y compensación.
La próxima administración enfrentará el desafío de equilibrar tres objetivos simultáneos: garantizar seguridad energética, mantener la competitividad económica –esto entendiendo la posición indispensable que ocupa esta actividad en los renglones de la economía nacional–s, avanzar en la descarbonización de la economía. La reducción progresiva de la dependencia de combustibles fósiles requerirá inversiones significativas en infraestructura energética y nuevas tecnologías, caminos que, por supuesto deben transitarse, pero sin generar desbalances, temor, incertidumbre ni perdidas en el sector.
Seguridad y defensa
En materia de seguridad, la “política de paz total” produjo avances parciales en algunos territorios, pero no logró eliminar la presencia de grupos armados ilegales ni las economías ilícitas; por el contrario, contribuyó a la consolidación de diversas estructuras a lo largo y ancho del territorio nacional, con un impacto tipo -efecto colateral- basado en las nuevas versiones de criminalidad local, fenómeno que otrora representaba un porcentaje menor pero que en la actualidad se traduce en un problema mayor. Los desafíos para el próximo gobierno incluyen: recuperación del control territorial, reducción de economías ilegales, protección de líderes sociales, seguridad ciudadana urbana, fortalecimiento de la inteligencia y la justicia. La consolidación de la seguridad seguirá siendo un requisito indispensable para la inversión, el desarrollo regional y la gobernabilidad democrática.
Relaciones internacionales
La política exterior colombiana deberá enfrentar un entorno internacional cada vez más complejo. Entre los principales retos se encuentran recuperar el sentido de la carrera diplomática, y los requisitos para integrarla, fortalecer las relaciones estratégicas con socios globales como los Estados Unidos, consolidar vínculos comerciales con la Unión Europea, gestionar los efectos de la migración regional, de cualquier su procedencia, participar activamente en la agenda climática internacional y atraer inversión extranjera directa. La capacidad de Colombia para integrarse exitosamente a las cadenas globales de valor será determinante para su crecimiento económico durante la próxima década.
Al cierre podemos mencionar que, aunque los informes oficiales del período de gobierno actual muestran avances en recaudo tributario, cobertura en salud, ampliación de programas sociales y fortalecimiento de instrumentos de planificación estatal; las cifras también evidencian desafíos persistentes relacionados con sostenibilidad fiscal, calidad educativa, productividad económica, seguridad y sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones, así como la recurrente necesidad de luchar contra la corrupción y fomentar una cultura común de construcción social enfocada en la transparencia y la ética en todas sus aristas.
El éxito del gobierno de Abelardo de la Espriella dependerá de su capacidad para convertir los alcances de la actual administración, pocos, medianos o muchos, en políticas de Estado permanentes, y avanzar de manera contundente en recuperar y fortalecer la confianza institucional, la gobernanza, y en construir consensos que permitan enfrentar los problemas estructurales del país con visión de largo plazo y con menos, mucha menos polarización, sin discursos de odio ni supremacías que nos lleven a recordar trágicos momentos de tiranías y desconocimiento de las instituciones y la Constitución.
